Abogados de Familia exigen excluir de la mediación obligatoria los casos que afectan a menores
La Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) ha solicitado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la suspensión inmediata de la obligación de acudir a mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC) en procesos judiciales que involucren a menores.
Esta petición se enmarca en el contexto de la nueva Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que impone la mediación previa obligatoria en asuntos civiles y mercantiles antes de interponer una demanda judicial.
En una carta remitida al ministro, la presidenta de Aeafa, Lola López-Muelas, advierte del riesgo que implica esta medida para niños y adolescentes en procedimientos relacionados con la fijación de pensiones de alimentos, el régimen de custodia y visitas o el uso del domicilio familiar.
“Obligar a las partes a acudir previamente a mediación o negociación antes de poder garantizar derechos tan básicos como la alimentación o el contacto con ambos progenitores supone una dilación innecesaria en la resolución de situaciones de alta conflictividad y vulnerabilidad”, señala López-Muelas. “Esta incertidumbre perjudica gravemente a los menores implicados”, añade.
Desde la Aeafa se advierte, además, del impacto negativo que esta medida tiene sobre la sobrecargada justicia de familia, al suponer un retraso adicional de al menos dos meses en la tramitación de asuntos urgentes.
La asociación también ha puesto de manifiesto la “deficitaria, cuando no errónea y contradictoria regulación” de varios artículos de la ley, lo que está generando —según denuncian— “un caos interpretativo” entre juzgados, letrados de la Administración de Justicia y presidencias de audiencias provinciales.
Esta disparidad de criterios, apuntan, está provocando una notable inseguridad jurídica y un trato desigual para los ciudadanos afectados por procedimientos similares.
Ante esta situación, Aeafa ha solicitado la celebración urgente de una reunión con responsables del Ministerio de Justicia para plantear propuestas que garanticen la protección efectiva de los derechos de la infancia y la correcta aplicación del Derecho de Familia.
Fuente: Agencia EFE
