Asturias deberá indemnizar con 84.000 euros a una mujer atacada por un oso
La señora Carmen Suárez, de 79 años y residente en Sonande, un pueblo del municipio de Cangas del Naercea en Asturias, finalmente ha visto resuelto su caso de justicia después de cuatro arduos años. El incidente ocurrió el 30 de mayo de 2021 cuando, durante su caminata vespertina habitual por una carretera local, fue brutalmente agredida por un oso pardo que surgió de la vegetación circundante. El oso, levantándose sobre sus patas traseras, la derribó con un potente zarpazo, causándole graves heridas en el rostro y fracturas en la cadera. Fueron los gritos de los vecinos los que lograron dispersar al animal. Tras el suceso, Carmen intentó obtener una compensación de la administración sin éxito, pero recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias falló a su favor, condemándole al gobierno regional a pagarle una indemnización de 84.000 euros. Sin embargo, tales heridas la marcarán de por vida.
En el ámbito de las noticias jurídicas, esta resolución del tribunal eleva a debate la respuesta de la administración ante incidentes de esta índole, donde la fauna salvaje causa daños a civiles. Carmen, que actualmente necesita apoyarse en una muleta para desplazarse, describe los últimos cuatro años como un verdadero tormento de disputas legales. Su abogado, Juan Ramón Campo, ha calificado de «histórico» el fallo del tribunal y critica duramente la actitud del gobierno regional, que en su respuesta inicial a la demanda afirmó que «nadie impidió a Carmen defenderse» ante un animal cuyo peso puede rondar los 200 kilos. Campo anuncia que seguirán presionando para que el baremo de compensaciones del Gobierno de Asturias por daños causados por fauna salvaje sea revisado y ampliado para incluir ataques directos a personas, argumentando que la vida humana debe ser valorada al menos igual que la de los animales de granja.
Obstrucción administrativa en el proceso
El letrado relata cómo se enfrentaron a múltiples obstáculos por parte de la Administración del Principado de Asturias, describiendo la situación como una «obstrucción total», que incluyó dificultades para acceder a documentos necesarios, lo que les llevó a solicitar la intervención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en dos ocasiones. A pesar de que Carmen ha sido finalmente indemnizada, su abogado argumenta que el daño causado por la actitud obstruccionista de la administración es un agravio que no se compensa únicamente con dinero, sugiriendo que debería haber responsabilidades personales por parte de los decisores.
Campo sugiere además que la estrategia del gobierno podría estar movida por un intento de minimizar las repercusiones de la creciente presencia de osos en áreas pobladas, una tendencia que, a pesar de su rareza, parece estar en aumento debido a la pérdida de hábitats naturales y la búsqueda de alimento en áreas humanas, potencialmente exacerbadas por el cambio climático. Aunque han pasado casi cuatro años desde el incidente, Carmen continúa sufriendo no solo las secuelas físicas del ataque, sino también profundas secuelas psicológicas, que incluyen insomnio y un miedo persistente a salir sola.
