El Gobierno impulsa la prohibición del uso del Síndrome de Alienación Parental en los tribunales
El Gobierno de España ha puesto en marcha una reforma legal para prohibir el uso del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP) en procedimientos judiciales relacionados con la infancia y los litigios de custodia. Esta iniciativa responde a las crecientes críticas por parte de instituciones, juristas y profesionales de la salud mental sobre la falta de base científica del concepto y el riesgo de su aplicación indebida, especialmente en casos donde existen denuncias de violencia o abuso.
¿Qué es el SAP y por qué se cuestiona su validez?
El SAP fue propuesto en los años 80 como una supuesta alteración psicológica en la que un progenitor manipula a un menor para que rechace injustificadamente al otro. Aunque durante años se ha utilizado en procesos de custodia como argumento para limitar el contacto con uno de los progenitores, cada vez más expertos rechazan su validez como diagnóstico clínico.
Las principales críticas apuntan a su escasa base empírica, su exclusión de los principales manuales diagnósticos (como el DSM-5 o la CIE-11) y el riesgo de que se utilice como herramienta para deslegitimar denuncias de malos tratos, especialmente las interpuestas por madres. Numerosos organismos alertan de que su uso puede encubrir situaciones reales de violencia o abuso bajo la apariencia de un conflicto parental manipulado.
Reforma legal en curso: blindaje contra el uso del SAP
El Ministerio de Juventud e Infancia ha impulsado la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), con el objetivo de prohibir expresamente la utilización del SAP en el ámbito judicial. Esta modificación legal, actualmente en fase de consulta pública, busca reforzar la protección de los menores frente a argumentos que carecen de aval científico y que pueden comprometer su seguridad y bienestar.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también ha intervenido en esta línea, promoviendo la retirada de formaciones y contenidos que avalaban el SAP y subrayando la necesidad urgente de proteger a los menores frente a situaciones de violencia que, en ocasiones, quedan invisibilizadas bajo el paraguas de este supuesto síndrome.
El punto de vista de la judicatura
La posición de los jueces ante el SAP es diversa, pero existe una tendencia creciente en los tribunales a rechazar su uso como argumento válido en litigios de custodia. A continuación, se resumen algunos de los enfoques más frecuentes entre los profesionales de la judicatura:
- Falta de evidencia científica: Muchos jueces critican la escasa fiabilidad del SAP como diagnóstico y su carácter pseudocientífico. Consideran que no cumple con los estándares requeridos para ser reconocido como trastorno psicológico o herramienta jurídica legítima.
- Daño infantil, pero sin etiquetas: Aunque se reconoce que la manipulación de menores puede existir en contextos de alta conflictividad, se prefiere hablar de maltrato psicológico o negligencia, sin convertirlo en un «síndrome» cerrado.
- Evaluación individualizada del caso: La mayoría de los jueces apuesta por analizar cada situación de forma particular, teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en la relación familiar y el posible rechazo del menor hacia uno de los progenitores.
- Intervención de expertos en salud mental: En casos complejos, se suele recurrir a psicólogos forenses o especialistas en salud mental infantil para obtener informes independientes que orienten la decisión judicial.
- Interés superior del menor como principio rector: Por encima de cualquier etiqueta, diagnóstico o argumento, debe primar el bienestar emocional, físico y psicológico del menor.
Conclusión
La propuesta del Gobierno para erradicar el uso del Síndrome de Alienación Parental en los tribunales responde a una demanda social y profesional cada vez más extendida. Al tratarse de un concepto polémico, sin consenso científico ni jurídico, su utilización puede generar un riesgo real para los menores implicados en procesos de separación o custodia, especialmente cuando hay indicios de violencia o abuso.
La reforma de la LOPIVI pretende cerrar definitivamente la puerta al uso de este tipo de argumentos en los procedimientos judiciales, reforzando así el enfoque garantista y centrado en los derechos de la infancia. A falta de un marco científico sólido, la Justicia debe seguir priorizando el análisis individualizado, el asesoramiento profesional y el principio fundamental del interés superior del menor.
